Motorola Moto G 4ta Generacion Plus, 5.5", Cßmara 16Mp, 32GB, Procesador Snapdragon 617 Octo-Core, Android Marshmallow 6.0.1, color Negro, Dual SIM, XT1641 Responsabilidad Del Estado

Responsabilidad Del Estado

Responsabilidad del Estado

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Responsabilidad del Estado es la obligaci├│n que pesa sobre ├ęste de reparar los da├▒os causados por el hecho il├şcito de sus ├│rganos. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo da├▒o causado il├şcitamente por ├ęl debe ser reparado de buena fe.

Tambi├ęn se basa en el principio de igualdad ante las cargas p├║blicas, una variante de la igualdad ante la ley, en el sentido de que nadie puede soportar m├ís exacciones o perjuicios de parte del Estado que aquellos que la ley expresamente se├▒ala como obligatorios o l├şcitos.

Actualmente se considera como un principio general de Derecho p├║blico que el Estado debe reparar todos los da├▒os ileg├ştimos que cause a los ciudadanos, pero el tema est├í generalmente tratado en las legislaciones a prop├│sito de los da├▒os provocados por la Administraci├│n del Estado. En el campo del derecho internacional el Estado adem├ís puede tener responsabilidad internacional derivada de actos il├şcitos y cr├şmenes internacionales, independientemente de la respectiva responsabilidad individual de aquellos responsables.1

Clasificaci├│n

Atendiendo a la “rama” del poder p├║blico que provoc├│ el da├▒o la responsabilidad del Estado suele clasificarse en: responsabilidad del Estado legislador, responsabilidad del Estado-juez, y responsabilidad del Estado Administrador.

Existen diferentes tendencias en materia de imputaci├│n responsabilidad en los distintos ordenamientos, como consecuencia del da├▒o infundido por el Estado, que en ocasiones escapan de todo criterio de imputac├şon.

Se ha llegado al punto de que la responsabilidad del Estado es mucho más generosa que la que el derecho civil impone a los particulares, y se alimenta netamente de propósitos constitucionales vulnerados o inalcanzados por el Estado, con la obvia consecuencia nociva a sus administrados. Entre tales tendencias de responsabilidad extracontractual del estado podemos encontrar:

La falla en el servicio, sea probada o presunta

El da├▒o especial

El riesgo excepcional

La expropiaci├│n de inmuebles en caso de guerra

La privaci├│n injusta de la libertad

R├ęgimen jur├şdico por pa├şses

En cuanto a los reg├şmenes que adoptan esta responsabilidad se acepta generalmente que el Estado debe reparar los da├▒os que se hayan provocado por “falta de servicio” (imitando el r├ęgimen franc├ęs) o “actuaci├│n anormal de los ├│rganos p├║blicos”, es decir, siempre es necesario probar un reproche a la actividad administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos casos en que ello no es necesario y el Estado debe responder de todo da├▒o, incluso de aquellos provocados por su actividad “normal” (como por ejemplo en Espa├▒a y M├ęxico).

Chile

La responsabilidad del Estado por actuaciones de los ├│rganos de la Administraci├│n se encuentra regulada, en general, en la ley de bases generales de la Administraci├│n del Estado. En efecto, el art. 4┬░ de la Ley de bases de la administraci├│n del Estado establece que:

El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado

Por otra parte, el art. 42 de dicha Ley dispone:

Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal

La doctrina precursora en la materia se├▒al├│ que su fundamento se encuentra en la Constituci├│n Pol├ştica de Rep├║blica de 1980, en los art├şculos 6┬║, 7┬║ y art├şculo 38 inciso 2┬║, defini├ęndola como objetiva, constitucional, restitutoria, etc.2 No obstante, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, posteriores a 2002 (Domic c. Fisco) sostienen que esta responsabilidad es subjetiva, o sea requiere que culpa que se identificar├şa con la falta de servicio.3

Con respecto a la Responsabilidad por actuaciones judiciales hay que distinguir. La responsabilidad por error judicial en materia criminal está regulada expresamente en el art. 19 N°7 letra i) de la Constitución, que establece que:

Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resoluci├│n que la Corte Suprema declaje injustificadamente err├│nea o arbitraria, tendr├í derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnizaci├│n ser├í determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en ├ęl la prueba se apreciar├í en conciencia”

Por el contrario, no hay normas expresas sobre responsabilidad por error judicial en materia civil. Se sostiene que el Estado s├ş responde por negligencia grave o denegaci├│n de justicia, y que el r├ęgimen aplicable ser├şa el de la responsabilidad extracontractual del Derecho com├║n (es decir, los art├şculos 2314 y ss. del C├│digo Civil) [cita requerida].

En cuanto a la Responsabilidad del legislador, no existen normas que se refieran a este tema en la Constituci├│n chilena y tampoco se ha condenado al Estado a pagar una indemnizaci├│n por esta causa. Sin embargo, circunstancialmente la Corte Suprema ha declarado (Caso Galletu├ę de 1984) que el sistema de responsabilidad del Estado hace reparables los da├▒os derivados de atentados del legislador en contra de garant├şas constitucionales.

Espa├▒a

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones P├║blicas espa├▒olas est├í regulada en el art├şculo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (26 de noviembre) de r├ęgimen jur├şdico de las administraciones p├║blicas y del procedimiento administrativo com├║n. Esta ley establece que:

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Si bien parece derivarse de este texto legal que el Estado se convierte en un asegurador universal de los daños patrimoniales que tengan alguna conexión con el servicio público, la jurisprudencia ha limitado la responsabilidad prácticamente a los supuestos de funcionamiento anormal. El Real Decreto núm. 429/1993, de 26 de marzo, regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad.

Con respecto a la Responsabilidad del poder judicial, la Ley Org├ínica del Poder Judicial establece en su art├şculo 292 que:

Los da├▒os causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, as├ş como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci├│n de Justicia dar├ín a todos los perjudicados derecho a una indemnizaci├│n a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, de conformidad con lo que dispone.

Adem├ís, la misma norma agrega que “La mera revocaci├│n o anulaci├│n de las resoluciones judiciales no presupone por s├ş sola derecho a indemnizaci├│n.” Por otra parte, previene que “Tambi├ęn tendr├ín derecho a indemnizaci├│n quienes, despu├ęs de haber sufrido prisi├│n preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.” (art. 294)

En cuanto a la Responsabilidad del legislador, existe un vac├şo normativo. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido elaborando una completa doctrina acerca de la responsabilidad por actos legislativos, aplicando elementos del r├ęgimen de responsabilidad administrativa: necesidad de reclamaci├│n administrativa previa, plazo de un a├▒o para interponer la acci├│n, competencia de los tribunales contenciosos administrativos. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2000 establece que “por definici├│n, la ley declarada inconstitucional encierra en si misma, como consecuencia m├ís fuerte de la Constituci├│n, el mandato de reparar los da├▒os y perjuicios concretos y singulares que su aplicaci├│n pueda haber originado”.

Obtenido de ┬źhttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_del_Estado&oldid=92897872┬╗


Mis sitios nuevos:
Emprendedores
Politica de Privacidad


ASUS ZenPad Z300M-A2-GR 16GB Negro, Gris - Tablet (Tableta de tama˝o completo, IEEE 802.11n, Android, Pizarra, Android 6.0, Negro, Gris)