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Derecho Administrativo

Derecho administrativo

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DERECHO ADMINISTRATIVO es aquella rama del Derecho p煤blico que se encarga de la regulacion de la administracion, la funci贸n administrativa y la relaci贸n entre los particulares y el aparato p煤blico. Adem谩s, es el conjunto de normas jur铆dicas que regula la organizaci贸n, funcionamiento y atribuciones de la administraci贸n p煤blica en sus relaciones con los sujetos que la conforman.

En otras palabras el derecho administrativo es aquel que regula la relaci贸n jur铆dica entre el administrador (Estado) con los administrados (individuos).

Tradicionalmente, se ha entendido que administraci贸n es una subfunci贸n del desarrollo humano del mundo encargada del buen funcionamiento de los servicios p煤blicos encargados de mantener el bienestar, la seguridad y de entregar a la poblaci贸n diversas labores de diversa 铆ndole (econ贸micas, educativas, sociales, etc).

Caracter铆sticas

Generalmente, se caracteriza por ser:

Com煤n: tiene esta caracter铆stica en todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios son aplicables a diversas materias.

Aut贸nomo: tiene sus propios principios generales.

Local: derecho de naturaleza local, por la organizaci贸n pol铆tica de cada pa铆s.

Exorbitante: excede la 贸rbita del derecho privado, por lo que en donde hay una organizaci贸n estatal, hay derecho administrativo.

Ramas del Derecho administrativo

Derecho administrativo org谩nico: encargado del estudio sobre las formas y principios de organizaci贸n administrativa.

Derecho administrativo funcional: sobre la disfunci贸n administrativa.

Derecho procesal administrativo: normas sobre control administrativo y jurisdicci贸n en la materia.

Responsabilidad del Estado: estudia las causales y procedencia del deber de la Administraci贸n de reparar los males causados por ella.

Derecho municipal: estudio sobre el r茅gimen legal de las municipalidades o corporaciones similares.

Derecho ambiental: encargado de las normas sobre protecci贸n del medio ambiente.

Derecho urban铆stico: sobre las normas de construcci贸n y planificaci贸n urbana.

Derecho vial: normas sobre tr谩nsito y caminos.

Derecho aduanero: sobre las aduanas.

Derecho migratorio: sobre el control migratorio.

Contrataci贸n p煤blica: Estudia el procedimiento contractual que deben seguir las Entidades P煤blicas para la adquisici贸n de bienes y servicios

Evoluci贸n hist贸rica

El Derecho administrativo moderno tiene su origen con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX.

El paso del Antiguo R茅gimen al Estado liberal supone el tr谩nsito de un sistema de normas que se encontraban a disposici贸n del monarca a un sistema caracterizado por:

la existencia de unas normas jur铆dicas, aprobadas por asambleas representativas, con car谩cter abstracto, general y permanente que regulan c贸mo debe relacionarse el Estado con los ciudadanos;

la existencia de un entramado institucional de controles, independiente del monarca;

la aparici贸n de una afirmaci贸n con car谩cter constitutivo y vinculante de los derechos individuales, tales como la Declaraci贸n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Tras este proceso y sobre todo a partir de las revoluciones liberales surge lo que se conoce como Estado liberal. Antes de estas revoluciones no se reconoc铆a la igualdad de todos los hombres como principio jur铆dico; a partir de ellas, estos dejar谩n de ser s煤bditos para pasar a ser ciudadanos, con derechos y obligaciones iguales.

Con posterioridad a la instalaci贸n del r茅gimen administrativo, surge en Francia la pregunta de qui茅n debe juzgar a la Administraci贸n. Se cuestiona si, por una parte, deb铆an ser los jueces ordinarios pertenecientes al Poder Judicial quienes juzgaran a la Administraci贸n, o si, por otra parte, deb铆a ser la propia Administraci贸n quien ejerciera esa funci贸n. La ra铆z del problema se encuentra en que los jueces ordinarios eran aquellos del Antiguo R茅gimen, nobles que quedar铆an dotados de poder de anular las decisiones del Nuevo R茅gimen. Por tal raz贸n, se desconfiaba sumamente. En Francia se resolvi贸 el problema con la creaci贸n del Consejo de Estado, que ser谩 el 贸rgano encargado de juzgar a los entes administrativos, al mismo tiempo que ser谩 dependiente del Jefe de Gobierno. 脕mbito de aplicaci贸n

En cuanto a normas de organizaci贸n, el Derecho administrativo establece los 贸rganos e instituciones a trav茅s de los que act煤an la Administraci贸n P煤blica, desde los servicios centrales, los 贸rganos desconcentrados, descentralizados y organismos aut贸nomos dependientes de otras instituciones y, en su caso, los Consejos de Ministros, los Ministerios, Secretar铆as Generales, Direcciones generales, Subsecretar铆as, 贸rganos representativos de las entidades que componen la Administraci贸n local, de empresas p煤blicas, entre otros que no sean los mismos.

La mayor铆a de estos 贸rganos tienen como caracter铆stica com煤n, la competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que poseen los particulares (imperium). En lo que respecta a las normas de funcionamiento, es preciso se帽alar que el Derecho Administrativo s贸lo regula aquellas actuaciones de la Administraci贸n P煤blica en las que los 贸rganos administrativos act煤an investidos de potestades p煤blicas, es decir, est谩n revestidos de imperium.

En tanto que en la vida privada los derechos y obligaciones se crean casi siempre por v铆a contractual, la Administraci贸n debe, en inter茅s del servicio p煤blico, poder imponer, unilateralmente, sin necesidad de previo pronunciamiento judicial, obligaciones a los particulares, y su decisi贸n debe ser tenida como jur铆dicamente v谩lida en tanto que el interesado no promueva su anulaci贸n por el juez’.

Prosper Weil, Derecho Administrativo 1986, Civitas, p谩g. 50color

Se suele distinguir entre Administraci贸n territorial (con distintas subdivisiones que tiende a ser coincidente con la divisi贸n territorial del Estado) y Administraci贸n institucional, la cual, en distintos grados en funci贸n del ordenamiento jur铆dico de que se trate, no ejerce ninguna potestad administrativa. Cuando, en estos casos, la Administraci贸n P煤blica act煤a como un mero particular y le son de aplicaci贸n las normas del derecho com煤n. No obstante, siempre habr谩 en su actuaci贸n un n煤cleo estrictamente administrativo, aunque solo sea a los efectos del procedimiento para la formaci贸n de la voluntad del 贸rgano administrativo (unipersonal o colegiado) y las normas de atribuci贸n de competencias del 贸rgano implicado. La ley org谩nica de la administraci贸n p煤blica federal es el ordenamiento legal que se encarga de regular la estructura, facultades y atribuciones de los organismos integrantes de la administraci贸n p煤blica. Impacto de las nuevas tecnolog铆as

En los 煤ltimos a帽os el derecho administrativo ha tenido que asumir la incorporaci贸n de las nuevas tecnolog铆as en la Administraci贸n p煤blica o lo que es lo mismo: la aparici贸n de la Administraci贸n p煤blica electr贸nica.

El principal desaf铆o para el derecho administrativo ante estos cambios ha sido adaptar y ampliar el marco legal existente para mantener las mismas garant铆as jur铆dicas que existen en el papel tambi茅n en la v铆a electr贸nica.

En algunos casos, como Espa帽a, se ha ido m谩s all谩 elevando la relaci贸n por medios electr贸nicos a un derecho para el ciudadano y obligaci贸n para la Administraci贸n. Este ejemplo se concret贸 con la entrada en vigor de la Ley de Acceso Electr贸nico de los Ciudadanos a los Servicios P煤blicos que reconoce este derecho desde el 31 de diciembre de 2009. A partir del 2 de octubre de 2016, dicha norma es derogada por la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Com煤n, que da un paso m谩s y establece la tramitaci贸n electr贸nica como la actuaci贸n habitual de las Administraciones. Regulaci贸n por pa铆s Argentina

El Derecho administrativo argentino, al tratarse de un Estado federal, est谩 regulado primordialmente por las normas de cada provincia. Por lo que s贸lo se har谩 referencia a la faz nacional del mismo, es decir, a las normas que involucran a la Administraci贸n p煤blica nacional centralizada y descentralizada, a los entes aut谩rquicos, a las sociedad y empresas del Estado, a las sociedades an贸nimas con participaci贸n estatal mayoritaria y a los entes de derecho p煤blico no estatales del 谩mbito federal.

Seg煤n el art. 99.1 de la Constituci贸n Nacional, el Presidente es el responsable pol铆tico de la administraci贸n general del pa铆s, pero quien verdaderamente ejerce la misma es el Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100.1, Constituci贸n).

El Presidente emite diversos tipos de reglamentos (llamados actos administrativos de alcance general en la Ley de Procedimientos Administrativos), a los cuales la doctrina clasifica en:

Reglamentos aut贸nomos (art. 99.1, CN);

Reglamentos de leyes sancionadas por el Congreso (art. 99.2, CN);

Reglamentos de necesidad y urgencia, en condiciones muy estrictas (art. 99.3, CN);

Reglamentos que ejercen atribuciones delegadas por el [Congreso de la Naci贸n Argentina|Congreso Nacional]], cumpli茅ndose ciertos requisitos (art. 76, CN);

Reglamentos de promulgaci贸n parcial de leyes, v谩lidos en tanto no alteren la naturaleza y esencia de 茅stas (art. 80, CN).

A su vez, el Jefe de Gabinete de Ministros emite “resoluciones administrativas”.

A esto debe sumarse la mara帽a de actos administrativos stricto sensu (actos administrativos de alcance particular) que cotidianamente dicta el Gobierno Federal.

El acto administrativo debe cumplir los requisitos consagrados en el art. 7 de la Ley 19.549, esto es: competencia, causa, objeto, procedimiento, motivaci贸n y finalidad. No deben de olvidarse las formalidades extr铆nsecas del acto (art. 8 de la misma Ley). Su falta acarrea nulidad o anulabilidad, seg煤n el caso, en los t茅rminos de la misma Ley. Los actos que padezcan de vicios que los hacen anulables pueden ser saneados sobre la base de diversos medios (ratificaci贸n, confirmaci贸n, conversi贸n).

Argentina consagra en su legislaci贸n un sistema mixto de impugnaci贸n de actos administrativos: en primer lugar, el procedimiento administrativo propiamente dicho (consagrado en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549),1 cuyo agotamiento abre la segunda v铆a -siempre que el acto revistiera car谩cter de definitivo-; 茅sta consiste en la posibilidad de acudir ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo a fin de demandar al Estado federal, aunque las sentencias contrarias a 茅ste son inexequibles en el texto de la Ley de Demandas contra la Naci贸n 3.952, teniendo 煤nicamente efecto declaratorio (art. 7 de la ley). Esta 煤ltima es la fase del proceso administrativo, especie dentro del g茅nero procedimiento administrativo (en sentido amplio), al cual tambi茅n pertenece el procedimiento administrativo en sentido estricto previo a la demanda judicial contra el Estado Federal.

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que el art. 7 de la ley 3.952 fue relativizado al extremo por la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n in re “Pietranera” (publicado en Fallos 265:291)2 (1966), cuando afirm贸 que esa norma no puede situar al Estado al margen del orden jur铆dico, respecto del cual es el principal garante de su cumplimiento. Posteriormente, el Congreso Nacional consolid贸 las deudas del Estado nacional, dando plazos para su cumplimiento (ley 23.982, de 1991).

Asimismo, los Estados provinciales son demandables ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo local de cada uno de ellos, salvo en determinados casos en los cuales es competente la Corte Suprema de Justicia por su competencia originaria, los cuales se hallan enumerados en los arts. 116 y 117 de la Constituci贸n Nacional. Estos supuestos incluyen:

Las causas que se susciten entre dos o m谩s provincias;

Los asuntos entre una provincia y los vecinos de otra;

Controversias entre una provincia, contra un Estado o ciudadano extranjero.

En todo lo que la Ley de Procedimientos Administrativos federal haga silencio, ser谩 aplicable el C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Naci贸n. En el caso de que una ley federal especial regule similares materias a las regidas por aqu茅lla, ser谩 aplicable la ley especial, por el principio general del derecho lex specialis derogat lex generalis.


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